El 1 de enero de 1936, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, emitió un mensaje de año nuevo en donde planteó una redención en la relación jurídica entre el estado y la ciudadanía. En tal pronunciamiento se estableció el compromiso de crear un organismo de justicia técnica para el país.

Cárdenas del Río dijo: "será preferentemente atendido en el presente año (1936) la creación del Tribunal Fiscal de la Federación, con funcionamiento democrático, para garantizar en forma efectiva los derechos de los contribuyentes".

Antes de esta iniciativa, las personas que presentaban inconformidades frente a la Secretaría de Hacienda contaban con opciones de defensa limitadas. Los desacuerdos eran resueltos por juntas revisoras que dependían de la misma autoridad encargada de la recaudación. La propuesta presidencial buscó sustituir este modelo por un sistema que evitara que el Estado actuará como juez y parte en las controversias fiscales.

La materialización jurídica de este proyecto ocurrió el 27 de agosto de 1936 con la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal. Este ordenamiento permitió que el Tribunal Fiscal de la Federación iniciará su operación, de manera formal, el 1 de enero de 1937. El objetivo institucional fue modernizar la hacienda pública y proporcionar seguridad jurídica a través de fallos basados en análisis técnicos, imparciales y especializados.

En su segundo Informe de Gobierno, el 1 de septiembre de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas destacó la creación del Tribunal Fiscal de la Federación, como una de las actividades que sobrepasaron el Programa de Gobierno.

Durante las primeras décadas de funcionamiento, el Tribunal mantuvo una naturaleza jurídica dual: se encontraba adscrito, de manera formal, al Poder Ejecutivo, aunque su función requería independencia en la resolución de casos. Fue en 1967 cuando se dio un cambio estructural; se le reconoció autonomía plena para dictar sus fallos. En 1988 se modifica su Ley Orgánica y el Código Fiscal con el objeto de promover la simplificación administrativa.

Con la entrada del siglo XXI, la institución fue transformada en su denominación y competencia: adoptó el nombre de Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), cambio que implicó que sus facultades ya no se limitarán exclusivamente a la materia tributaria. A partir de ese momento, la institución comenzó a conocer controversias administrativas generales de la Federación, en donde se permite la revisión jurisdiccional de diversos actos de la administración pública.

A nueve décadas de su concepción original, el TEJA se ha integrado como un elemento del Sistema Nacional Anticorrupción; la institución ha pasado de ser un cuerpo colegiado enfocado en impuestos, a una estructura especializada que busca garantizar la legalidad en el actuar del Estado.

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