El Tribunal de Disciplina Judicial fue creado mediante la reforma judicial de 2024 e instalado oficialmente el 1 de septiembre de 2025, nació para fortalecer la integridad y la responsabilidad en la impartición de justicia al ser una institución fundamental del Estado mexicano, alejando el anterior sistema de control que dio cabida a una evolución en la forma de impartir justicia, así como vigilar la actuación de quienes la imparten y prevenir actos de corrupción encargándose de garantizar que las personas juzgadoras actúen con apego a la ley, ética y responsabilidad. Su creación responde a la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia, asegurando que quienes imparten justicia lo hagan con honestidad, imparcialidad y profesionalismo.

Este Tribunal forma parte del nuevo modelo de justicia en México, enfocado en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial. Su función principal es investigar y sancionar las faltas administrativas o conductas indebidas de juezas, jueces. magistradas y magistrados, contribuyendo así a una justicia más transparente y cercana a la ciudadanía.

A lo largo de su desarrollo, el Tribunal de Disciplina Judicial se ha consolidado como un órgano clave para fortalecer el Estado de derecho. Su labor no solo implica sancionar, sino también prevenir malas prácticas, promover la integridad judicial y asegurar que el servicio público se ejerza adecuadamente garantizando que las personas servidoras públicas actúen con apego a la Constitución, a las leyes y a los más altos estándares de conducta.

Entre sus principales aportaciones destaca el impulso a una cultura de legalidad y responsabilidad dentro del sistema judicial, así como la vigilancia permanente del desempeño de quienes tienen la importante tarea de impartir justicia en el país.

El compromiso institucional del Tribunal se centra en garantizar que la justicia sea confiable, imparcial y accesible para todas las personas. Su actuación contribuye directamente a fortalecer la democracia y a proteger los derechos de la sociedad.

Actuando con legalidad, independencia y autonomía, garantizando en todo momento la imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. El trabajo se sustenta en la integridad, el profesionalismo y la eficiencia, honrando siempre el debido proceso y los derechos de las partes involucradas. Al tiempo que, se promueve una cultura de excelencia, honestidad y servicio público dentro del Poder Judicial de la Federación.

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