En México, la Expropiación Petrolera constituye un hito histórico que reafirmó la soberanía permanente del Estado mexicano sobre sus recursos naturales, al consolidar el control nacional de la industria petrolera en 1938. Esta decisión se sustentó en la aplicación de la Ley de Expropiación y del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el dominio directo de la Nación sobre los hidrocarburos y demás bienes del subsuelo, frente a las empresas privadas que entonces explotaban dichos recursos.

La medida se formalizó mediante el Decreto de Expropiación de las empresas petroleras, emitido el 18 de marzo de 1938 por el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, como una acción orientada a salvaguardar el interés público, la justicia social y la autodeterminación económica del país.

Posteriormente, el 7 de junio de 1938, se creó Petróleos Mexicanos, hoy empresa pública del Estado, con las facultades necesarias para llevar a cabo las actividades de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo. Con ello, el Estado mexicano consolidó un modelo de gestión estratégica de los hidrocarburos, alineado con el mandato constitucional de ejercer plenamente su soberanía energética en beneficio del desarrollo nacional.

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